A dos excepcionales seres humanos que conocí durante el tránsito de esta Ley: León Jaime Zapata (Q.E.P.D) y José Douglas Lasso Duque, mi gratitud es infinita.
Especial
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La historia de la reivindicación de la labor archivística comienza con la creación de la Asociación de Colombiana de Archivistas – ACAR y aún no termina de la mano de instituciones constituidas al amparo de la Ley, el gremio en cabeza de la Sociedad Colombiana de Archivistas, las escuelas de formación en los diferentes niveles señalados en la normatividad colombiana, y de la mano de un número no determinado de personas que trabajan en los archivos de nuestro país.
La Ley 1409 de 2010, impulsada inicialmente por la Fundación Archiblios y su fundador José Douglas Lasso (Proyecto de Ley No. 163 de octubre 10 de 2005: presentado por el exrepresentante Luis Antonio Cuellar), es el hito más importante para profesionales y trabajadores de archivos en Colombia, toda vez que se protegen los derechos de los profesionales archivistas y se establece el código de ética que rige su desempeño profesional. Transcurridos cinco años desde la expedición de esta importante norma, es evidente que se ha hecho un recorrido importante en su implementación, no obstante los tropiezos naturales en un gremio que se encuentra en proceso de consolidación.
El camino andado.
Con el posicionamiento del profesional archivista, al ser reconocido dentro un marco legal obliga paulatinamente a las entidades a contratar profesionales que cumplan con los estándares nacionales e internacionales en la gestión de documentos y archivos, como lo describe Carlos Zapata, exdirector del Archivo General de la Nación: “la Ley permitió un aumento en la contratación de profesionales por parte de entidades públicas y privadas así como mejorar los niveles de remuneración de los profesionales debido a la alta demanda de profesionales, cuya oferta no alcanza a ser cubierta.”
Ante la demanda de profesionales archivistas, se abrieron nuevas escuelas de formación, y el fortalecimiento de las ya existentes, dando espacio a escuelas emergentes que hacen cobertura nacional con sus egresados como es el caso de la Universidad del Quindío con su Programa de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística; sin embargo, como se enunció anteriormente, la oferta actual de archivistas no es suficiente para atender los procesos técnicos y administrativos asociados con la adecuada gestión de los archivos públicos y privados.
El apoyo de entidades del Estado como el Archivo General de la Nación, mediante la expedición de Acuerdos y Circulares que exigen el diseño e implementación de instrumentos archivísticos con personal idóneo, es un avance en el incipiente proceso de articulación de acciones de las entidades con miras a hacer de los archivos y los archivistas una causa común.
La participación de profesionales archivistas en los Consejos Departamentales y Distritales de Archivo, nominados conjuntamente por el Colegio Colombiano de Archivistas y la Sociedad Colombiana de Archivistas, es un logro importante para la participación de los archivistas del país en la formulación de políticas nacionales, regionales y distritales de archivo.
Los naturales tropiezos.
Dado que en la nomenclatura de los cargos públicos (Departamento Administrativo de la Función Pública), no aparece explícitamente el cargo de archivista, las entidades han incrementado la contratación mediante la figura de prestación de servicios, y los cargos, esta es una tarea pendiente por parte de gremios y entidades del sector.
Derivado quizás de la falta de compromiso de gremios, entidades constituidas al amparo de la Ley 1409 de 2010 y escuelas de formación, los archivistas no están contemplando la aplicación en rigor del código de ética, lo cual redunda en productos archivísticos con poca o mala calidad técnica, en algunos casos causados por deficiencias en la formación, en los diferentes niveles (técnico, tecnológico y profesional) o por afán de generar mayores ingresos (ejecución de varios contratos al mismo tiempo o abandono de cargo o contrato para tomar otro).
En las regiones donde no es posible la participación de profesionales universitarios, los trabajos están siendo asumidos por profesionales de otras carreras, con escaso conocimiento técnico, que redunda en los productos de baja o mala calidad, y sin la menor observancia del código de ética.
El camino por andar.
Siendo esta una oportunidad histórica para realzar la labor del archivista colombiano, los gremios, escuelas de formación y entidades creadas mediante la Ley, tienen los siguientes retos urgentes:
La exigencia del cumplimiento del código de ética para quienes laboran en los archivos, mediante acciones pedagógicas, así como la conformación de tribunales de ética en todo el territorio nacional, esto implica ampliar la base de afiliados y matriculados para que puedan ejercer la profesión con los deberes y derechos que la profesión exige.
Una colaboración más estrecha entre entidades que tienen que ver con los archivos y los archivistas del país, con miras a exigir profesionales en los puestos claves, así como las instancias de coordinación y control (consejos, comités, comisiones), donde se formulan las políticas y estrategias de intervención de los archivos y documentos.
Finalmente, se requiere repensar en una estrategia para profesionalizar a quienes laboran en archivos de entidades públicas y privadas, mediante una masiva campaña de formación en conocimientos y valores para hacer de la nueva generación de archivistas, profesionales comprometidos con su quehacer diario y una firme convicción de que la labor que se desempeña se traducirá en una mejor disposición de la memoria documental del país.
